Vivimos en una sociedad de consumo, algo que así dicho no suena tan mal, pues parece que da la posibilidad de acceder a todas las cosas que necesitamos o queremos. La gran pega es que este modelo de consumo no es universalizable, ya que se sustenta sobre la explotación de unos recursos naturales finitos y la explotación de unas personas sobre otras con el fin de abaratar los precios, incluso por debajo de los coste de producción, a costa de reducir los salarios y mermar unas condiciones laborales mínimamente dignas. Los impactos negativos sobre las personas (trabajo infantil, condiciones laborales indignas, discriminación de la mujer, etc.) y el medio ambiente (contaminación, insalubridad, carencia regulación ambiental) resultan generalmente invisibles, pues la mayor parte de las veces suceden lejos de donde vivimos y afectan a gente que no conoceremos nunca.
El Comercio Justo y el Consumo Responsable ponen de manifiesto tanto la injusticia como la insostenibilidad de los patrones de intercambio económico y los estilos de vida dominantes en nuestras sociedades. Ante estas circunstancias, se está interviniendo de forma simultánea en dos líneas de trabajo; por un lado, las actividades de denuncia y sensibilización ciudadana, y, por otro, en la puesta en marcha de modelos económicos alternativos.
Más allá de lo que opinemos acerca nuestras prácticas cotidianas, son nuestras pautas de consumo y la manera mediante la que decidimos invertir nuestro dinero las que fomentan y consolidan los modelos económicos que rechazamos o apoyamos. Dado que la única restricción para consumir viene marcada por nuestra capacidad económica, ser responsable en esta materia implica interrogarse por nuestras necesidades y la forma en la que las satisfacemos, lo que nos lleva a plantearnos la enorme importancia de:
• Reducir lo superfluo, lo ostentoso y aspirar a vivir mejor con menos, reduciendo mediante nuestras pautas de consumo el despilfarro de recursos y energía.
• Seleccionar qué compramos y dónde lo hacemos siguiendo determinados criterios, como:
· Considerar el impacto ambiental desde el punto de vista del ciclo de vida del producto que compramos, teniendo en cuenta el conjunto del proceso que abarca la producción, transporte, distribución, consumo y finalmente, los residuos que genera.
· Considerar la forma en que ha sido producido (condiciones laborales, no discriminación, equidad de género, derechos sindicales, etc.), valorando otras opciones, como los modelos cooperativos y de economía solidaria.
Uno de los espacios más sensibles y donde mejor se ven estas tendencias es el sistema agroalimentario. El modelo agroindustrial dominante se ha ido distanciando de su función básica de suministrar alimentos para adoptar como único propósito el generar rendimientos económicos. Esto ha supuesto erosionar las economías campesinas tradicionales, imponer modelos intensivos de producción de monocultivos orientados a la exportación y acrecentar las asimetrías de poder de los países del Sur respecto a los del Norte . Además este modelo está deteriorando la biodiversidad, salinizando suelos, contaminando acuíferos, enfermando personas y generando recurrentes escándalos alimentarios (vacas locas, écoli, dioxinas, etc.).
El conjunto de los problemas descritos sería motivo suficientes para reformular el sistema, pero además hay que sumar otras situaciones realmente graves, como la altísima dependencia del sistema alimentario global de los combustibles fósiles (elevada mecanización, abonos de síntesis, distancias de miles de kilómetros en su distribución…) y el hecho de que sus aportes supongan, al menos, un 30% de los gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Todo ello hace inviable a medio plazo la continuidad del modelo vigente.
Ante esta situación sindicatos agrarios y organizaciones campesinas se organizaron a nivel mundial en torno a la Vía Campesina, un movimiento internacional que defiende una reorganización del sistema agroalimentario. Su propuesta se sintetiza en el concepto de Soberanía Alimentaria, presentado en la cumbre de la FAO de 1996:
“El derecho de las personas, los países y las uniones de Estados a definir sus políticas agrícolas y alimentarias sin transferir materias primas agrícolas a los países extranjeros. La soberanía alimentaria organiza la producción y el consumo de alimentos en función de las necesidades de las comunidades locales, dando prioridad a la producción para el consumo local. La soberanía alimentaria engloba el derecho a proteger y regular la producción agrícola y ganadera nacional y a proteger el mercado doméstico de entradas de excedentes agrícolas e importaciones de bajo coste de otros países. Las personas sin tierra, los cam5pesinos y los pequeños agricultores deben tener acceso a la tierra, al agua y a las semillas, así como a los recursos productivos y a los servicios públicos. La soberanía y la sostenibilidad alimentarias son una alta prioridad, más que las políticas comerciales”.
Divulgar y defender las propuestas de la soberanía alimentaria lleva consigo empezar a adaptar estas demandas de sistemas alimentarios alternativos a nuestro propio territorio. Algunos ejemplos puestos en marcha serían:
– Grupos y cooperativas de consumo. Colectivos de personas que se reúnen para organizar conjuntamente la compra de alimentos ecológicos directamente a productores de proximidad. Se trata de iniciativas que reducen tanto la distancia física como la simbólica entre productores y consumidores.
– Establecimientos de Comercio Justo.
– Compra pública. Campañas de presión para que las Administraciones Públicas prediquen con el ejemplo y prioricen la compra de productos de comercio justo y ecológico. Una de los ejemplos más ambiciosos sería el de los comedores escolares en los que se sustituyen los alimentos convencionales por otros ecológicos o cuando menos naturales sin que varíe sustancialmente el precio de los menús.
